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El gobierno de Macri busca revertir la "mala onda"

LA NACION
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Fernando Laborda
Martes 09 de enero de 2018 • 00:01
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La imagen de presidente Mauricio Macri y de su gestión de gobierno sufrió en las últimas semanas de 2017 una de las mayores caídas desde su llegada al poder en diciembre de 2015. Esa baja, de aproximadamente ocho puntos, no ha sido la única mala noticia: en la ciudad de Buenos Aires, la tensión social también experimentó una importante suba durante el año pasado, si se mide por la cantidad de protestas callejeras.

Según un estudio de la Consultora Diagnóstico Político, en la Capital Federal se registraron 849 cortes de calles y piquetes , un 32% más que en 2016. Lo llamativo es que si se toma el total de medidas de fuerza de ese tipo en todo el país, se produjo una baja del 19% respecto del año anterior. A nivel nacional, tuvieron lugar 5221 cortes, que representan el número más bajo desde 2011.

Claro que la ciudad de Buenos Aires es la principal caja de resonancia de los conflictos sociales y si esto se suma a los episodios de violencia registrados en diciembre, en oportunidad del debate de la reforma previsional en el Congreso, el panorama deja un sabor amargo para el balance del Gobierno.

Aunque buena parte del gabinete permanece de vacaciones, el oficialismo ya inició una campaña para revertir la “mala onda” derivada de los hechos que tuvieron en vilo a la ciudadanía poco antes de las fiestas de fin de año. La primera acción ha sido el anuncio de que, desde mañana mismo, cuando empiecen a abonarse las jubilaciones, más de 1,3 millones de jubilados que se retiraron con 30 años de aportes recibirán en sus haberes un incremento promedio de 528 pesos, a modo de diferencia que les permitirá llegar al 82% del nuevo salario mínimo, vital y móvil, que ha subido a 9500 pesos.

Lo relevante en términos políticos de este anuncio es que tal aumento jubilatorio del orden del 7% es resultado de la propia ley previsional que fuera tan cuestionada por la oposición.

De este modo, el Gobierno buscará compensar las innumerables críticas que recibió la reforma jubilatoria a partir de la aplicación de una nueva fórmula para el cálculo de los ajustes en los haberes, que si bien permitirá aumentos levemente por encima de la inflación, al menos en lo inmediato no será tan beneficiosa para los jubilados como lo hubiera sido la antigua fórmula, basada en un mix dado por el aumento de la recaudación de la Anses y el incremento de los salarios.

El Poder Ejecutivo Nacional tiende a buscar un delicado equilibrio entre la necesidad de ajustar las cuentas públicas para reducir el déficit fiscal y el humor social. Se trata de un objetivo nada sencillo, porque las soluciones de los desequilibrios fiscales nunca resultan indoloros en el corto plazo. Especialmente, cuando se trata de dar respuesta a un sistema previsional que no está lejos de colapsar por razones estructurales, como el aumento de la esperanza de vida y la contracción del número de trabajadores activos por cada jubilado, que actualmente es de apenas 1,1.

La “recalibración” de las metas inflacionarias, que de una banda prevista del 10 al 12% para 2018 pasaron a un objetivo mucho más moderado, del 15% anual, sugirió un convencimiento por parte del Gobierno de que es preferible mantener cierto nivel de actividad económica, aun a costa de una inflación algo más alta. La duda de no pocos economistas es si las empresas estarán dispuestas a arriesgar e invertir más y si, en definitiva, la economía argentina crecerá más cuando se admite que la inflación será mayor.

Los últimos anuncios y la suba del dólar parecen sugerir que el gobierno de Macri asume que es preferible que se devalúe algo más el peso antes que ir a fondo con un ajuste del Estado. En otras palabras, podría buscarse que el déficit fiscal caiga, pero no tanto por una reducción del gasto público como por una parcial y gradual licuación de este gasto medido en dólares.

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